Facpyme colaborará en el desarrollo del proyecto que pretende impulsar las economías locales
La Diputación de Alicante vuelve a poner en marcha la campaña de bono consumo dotada con 20 millones de euros que desarrollará la Cámara de Comercio y Facpyme. Este plan de activación comercial se presentó ayer y podrán acceder a ella todos los municipios de la provincia tras su aprobación en el pleno de la Corporación Provincial previsto para el próximo viernes.
La reactivación de la economía es el objetivo primordial de un proyecto que contribuye a reducir el coste de la cesta de la compra, los servicios y el consumo, favoreciendo a las familias y colectivos más vulnerables. Así lo destacó Toni Pérez, presidente de la Diputación que estuvo acompañado del diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor; la diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano; y el presidente tanto de la Cámara de Comercio de Alicante como de Facpyme, Carlos Baño.
Por su parte, Carlos Baño la “ayuda al pequeño comercio y, a la ciudadanía en general, a muchas familias con dificultades para llegar a final de mes”. También resaltó la importante repercusión económica en las economías locales de esta iniciativa “ya que calculamos que la inversión se multiplica por 2,7%”.
“Esos 20 millones de euros se convierten como mínimo en 40 millones, porque la mayoría de las campañas se duplican, poniendo el 50% la Diputación y el otro 50% los ciudadanos”, precisó Baño.
Fomento del consumo
La convocatoria, que será aprobada por la Corporación tras la modificación de crédito correspondiente, establece que se podrán subvencionar las campañas de fomento del consumo que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 por parte de aquellos ayuntamientos que opten al anticipo de la ayuda -siendo el 31 de diciembre de 2024 la fecha límite para que el consistorio reconozca las obligaciones inherentes a la misma- o entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2024 para aquellos que renuncien a dicho anticipo – siendo el 15 de octubre de 2024 la fecha límite para que el ayuntamiento reconozca las obligaciones inherentes a la misma.
Cada municipio decidirá si se suma o no al programa y cuando y en qué condiciones desarrolla la campaña -beneficiarios, establecimientos adheridos, etcétera-, así como incrementar si así lo consideran la cuantía de la misma con recursos propios.
La cuantía que percibirá cada localidad vendrá prefijada en función del número de habitantes y los ayuntamientos y entidades locales dispondrán de 20 días hábiles para presentar sus solicitudes tras la publicación de las bases en el BOP. El plazo para la justificación se prolongará hasta el 31 de enero para los consistorios que hayan optado al anticipo y hasta el 31 de octubre para los que no.